La emergencia provocada por el sismo en Risaralda estaría dando lugar a una nueva amenaza para las familias damnificadas: personas que buscan aprovecharse de su necesidad de vivienda para ofrecer terrenos, inmuebles o supuestos procesos de reubicación de manera fraudulenta.
En medio de la incertidumbre por la pérdida o afectación de sus hogares, algunas familias buscan alternativas para reconstruir su patrimonio. Esta situación puede convertirse en una oportunidad para redes de estafa que recurren a documentos falsos, supuestas compraventas, falsificación de escrituras o suplantación de propietarios y funcionarios públicos.
Uno de los principales riesgos está en entregar dinero o firmar documentos sin comprobar primero quién es el verdadero propietario de un terreno y cuál es su situación jurídica.
Por eso, antes de realizar cualquier negocio, las familias deben verificar la información directamente ante las autoridades. Una de las herramientas fundamentales es el Certificado de Tradición y Libertad, documento que permite conocer la titularidad de un inmueble y determinar si sobre este existen embargos, hipotecas u otras situaciones legales.
Las autoridades también recomiendan acudir directamente a las alcaldías, oficinas de Gestión del Riesgo y demás entidades responsables de los procesos de atención y reubicación, en lugar de recurrir a intermediarios que prometan agilizar trámites o garantizar el acceso a ayudas.
Además, se debe tener especial precaución con quienes soliciten dinero a cambio de acceder a programas de vivienda, ayudas estatales o procesos de reubicación. Los trámites oficiales deben realizarse a través de los canales institucionales establecidos.
Ante cualquier oferta sospechosa, intento de fraude o negociación irregular de terrenos, los ciudadanos pueden acudir a las autoridades competentes y realizar la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General de la Nación o la Policía Nacional, a través de la línea 123.
Para las familias afectadas, la recomendación es clara: la urgencia por recuperar una vivienda no puede convertirse en una razón para bajar la guardia. Verificar antes de pagar, firmar o comprar puede evitar que una tragedia termine convirtiéndose también en una pérdida económica.