Procuraduría pide a municipios del Tolima revisar protocolos para atender accidentes de tránsito
La Procuraduría General de la Nación puso la lupa sobre la atención de los accidentes de tránsito en el Tolima y pidió a las autoridades municipales revisar los protocolos que aplican cuando un siniestro deja personas lesionadas o fallecidas.
El llamado está relacionado especialmente con la capacidad de los municipios para garantizar la presencia oportuna de personal habilitado para cumplir funciones de policía judicial cuando un accidente puede tener consecuencias penales.
Según el Ministerio Público, las primeras horas después de un accidente son determinantes para establecer qué ocurrió. Una intervención inadecuada en el lugar de los hechos puede afectar la conservación de elementos materiales probatorios, la cadena de custodia y, posteriormente, el desarrollo de las investigaciones.
Por esta razón, la Procuraduría solicitó a los alcaldes de los municipios del departamento y al secretario de Tránsito y Transporte del Tolima información sobre los protocolos que tienen establecidos para atender este tipo de situaciones.
También pidió conocer qué capacitaciones ha recibido el personal encargado de intervenir en los accidentes y cómo se realiza la coordinación con otras entidades cuando se presenta un siniestro de gravedad.
La preocupación aumenta en aquellos municipios que no cuentan con suficiente capacidad operativa para responder de manera inmediata cuando hay víctimas mortales o personas lesionadas.
El Ministerio Público también solicitó que las administraciones indiquen qué medidas adoptarán en esos casos para garantizar que la investigación pueda desarrollarse correctamente.
La revisión no se limita a la atención médica de las víctimas. También está relacionada con la preservación de las evidencias que pueden ser necesarias posteriormente para establecer responsabilidades.
La Procuraduría busca así que las autoridades del departamento tengan definidos mecanismos de actuación frente a los accidentes de tránsito y que las dificultades operativas de los municipios no terminen afectando los procesos judiciales que puedan derivarse de estos hechos.