El Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró administrativamente responsable a la Nación, el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional por los daños causados a los familiares de Dilan Mauricio Cruz Medina, el joven que falleció el 25 de noviembre de 2019 tras recibir el impacto de una munición tipo Bean Bag en la cabeza durante una jornada de protesta social en Bogotá.
En su decisión, la corporación determinó que la muerte de Dilan Cruz constituye una grave violación de derechos humanos, al establecer que el proyectil fue disparado desde un arma de dotación oficial utilizada por un integrante del entonces Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad).
El fallo concluyó que existió una falla en el servicio por parte de la Policía Nacional, debido a que el arma empleada era catalogada como “menos letal”, pese a que tenía la capacidad de causar lesiones mortales. Según el Tribunal, la institución no brindó información suficiente a los uniformados sobre los riesgos asociados a su uso.
La sentencia señala que esta situación impidió que la intervención policial fuera evaluada y ejecutada bajo los principios de necesidad, proporcionalidad y racionalidad que deben regir el uso de la fuerza por parte de las autoridades.
La decisión se conoce mientras avanza en otros escenarios judiciales y disciplinarios el proceso relacionado con los hechos que rodearon la muerte del joven manifestante, ocurrida en medio de las protestas registradas en noviembre de 2019.